A comienzos de este año la política migratoria argentina ha dado un giro respecto del cual esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha pronunciado en tanto Organismo de Protección de Derechos. Como tal, y siendo los migrantes un colectivo expuesto a diversas situaciones de vulnerabilidad, desde hace más de quince años trabajamos en la defensa de distintas problemáticas que afectan a esta población.

En el año 2001, en el contexto de la denominada Ley Videla, denunciábamos la violación a las garantías de las personas migrantes por parte de la Administración Pública. Posteriormente, tras el proceso democrático ejemplar que caracterizó la sanción de la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871, en cuyo marco se reconoce a la migración como un Derecho Humano, desde esta Defensoría se trabajó en el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a los derechos allí consagrados.

Sin embargo, la entrada en vigencia del DNU Nº 70/2017 define la nueva posición que el Estado Nacional decidió asumir con relación a la migración y a las personas que optan por vivir en la Argentina.